Este jueves 16 de julio de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer mandatario de oposición en México, por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La detención ocurrió en Ensenada, Baja California, y es el resultado de una investigación compleja que involucra grandes operaciones de contrabando de hidrocarburos a través de la empresa Ingemar, fundada por Ruffo. Según la FGR, esta compañía está vinculada al aseguramiento de 15 millones de litros de combustible transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionados con el llamado “huachicol fiscal”.
Ruffo, quien en 1989 rompió la hegemonía priista al ganar la gubernatura por el PAN, ha negado cualquier participación ilícita. Desde julio de 2025, cuando el entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que Ingemar estaba bajo investigación, Ruffo ha sostenido que su empresa solo maneja la logística y trámites aduanales, y que opera dentro del marco legal.
Este episodio se suma al escándalo que sacude a Baja California, donde la gobernadora Mariana del Pilar Ávila estaría negociando con el FBI para convertirse en informante, según filtraciones recientes.
Mientras la política local se enreda en estas polémicas, la detención de Ruffo pone en evidencia que ni siquiera figuras históricas están exentas de enfrentar la justicia cuando se trata de proteger la propiedad privada y el orden frente a actividades ilícitas que afectan la economía y la seguridad nacional.
En un país donde la alternancia política fue un hito, este caso recuerda que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser para todos, sin importar el pasado ni el prestigio.
