El martes 14 de julio de 2026, las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Phoenix, ubicadas sobre la avenida North Central, fueron blanco de un ataque a balazos. Según informó el FBI, que ya investiga el caso, una o varias personas dispararon contra el edificio de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), dejando impactos visibles en la fachada, pero sin causar heridos.
Este episodio no es un hecho aislado, sino que ocurre en medio de una escalada de tensión y violencia relacionada con las políticas migratorias en Estados Unidos. Desde finales de junio, los arrestos por parte de ICE han aumentado considerablemente, lo que ha derivado en operativos que han terminado con la muerte de al menos 11 migrantes en lo que va del año.
Entre los casos más recientes están el de Lorenzo Salgado Araujo, abatido a tiros en Texas, y Johan Sebastián Guerrero, un joven colombiano asesinado en Maine. A estos se suma un atropellamiento fatal en Florida, cuando un migrante intentaba escapar de las autoridades. Estos incidentes han encendido una ola de protestas lideradas por organizaciones defensoras de derechos civiles, que exigen justicia y mayor transparencia.
Para complicar aún más el panorama, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje polémico en los últimos días, alentando a los agentes de ICE a continuar con sus operativos, incluso desafiando una orden de suspensión temporal emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta postura ha profundizado la polarización y el debate sobre el papel del Estado en la seguridad y el control migratorio.
En un contexto así, el ataque a las oficinas de ICE refleja no solo la tensión social, sino también la necesidad de buscar soluciones que respeten el orden y la legalidad, sin caer en la violencia ni en la desprotección de los derechos humanos. Mientras tanto, la investigación del FBI sigue abierta, sin que se hayan revelado más detalles sobre los responsables o el móvil del tiroteo.
