Ayer, el fiscal federal de Texas, Aaron Reitz, puso en duda la narrativa oficial del gobierno estadounidense sobre la muerte de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que fue asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según Reitz, no hubo ningún golpe del vehículo de Salgado contra un auto policial, como se había afirmado inicialmente.
El fiscal explicó que los agentes del ICE estaban tras la pista de dos hombres guatemaltecos que conducían una camioneta similar a la de Salgado, y que se parecían a él y a su acompañante. Esto contradice el comunicado difundido el día del crimen por el Departamento de Seguridad Nacional, que señalaba a Salgado como el objetivo directo de la operación migratoria.
Reitz detalló que cuatro agentes en dos vehículos rodearon la camioneta de Salgado; dos de ellos le ordenaron poner el auto en Parking. Uno de los oficiales estaba “parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella” cuando Salgado intentó dar marcha atrás y luego avanzar. Sin embargo, el comunicado más reciente de la fiscalía no menciona ninguna colisión ni que el agente haya actuado en “defensa propia”. Tampoco se reportaron lesiones entre los agentes.
Además, ni la fiscalía ni ICE han identificado al agente que disparó ni aclararon si fue quien estaba junto a la camioneta. Este tipo de opacidad no es nueva en casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agencias federales.
Por si fuera poco, The Intercept reveló que en otro caso similar, el asesinato del migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero en Biddeford, los agentes del ICE sí portaban cámaras corporales, pero “no podían encenderlas”. Según cuatro funcionarios anónimos de la agencia, los agentes usaban micrófonos con cámara inalámbrica Motorola SVX, pero sólo como micrófonos, ya que la función de grabación requiere una suscripción adicional.
Este detalle expone la falta de modernización real en el equipo de ICE, a pesar de que la agencia anunció la compra de cámaras corporales para todos sus equipos de arresto. The Intercept señala que ICE planea gastar más de 100 millones de dólares en radios inteligentes Motorola en un contrato de seis años, mientras que Axon, la empresa famosa por sus cámaras corporales (antes llamada Taser), recibió una solicitud pública de compra por 220 millones de dólares.
Curiosamente, dos semanas antes de esa solicitud, el expresidente Donald Trump compró acciones de Axon por 5 millones de dólares, un dato que añade un matiz político a la polémica sobre la transparencia y el control en las operaciones migratorias.
En un contexto donde la seguridad y el respeto a los derechos humanos deberían ir de la mano, estos hechos revelan que la narrativa oficial puede ser más frágil de lo que parece. Mientras tanto, la falta de claridad y la opacidad en casos como el de Lorenzo Salgado sólo alimentan la desconfianza hacia las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
