Este lunes 20 de julio de 2026, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, salió en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, asegurando que es un “preso político” y acusando al gobierno federal de usar su caso para desviar la atención de la verdadera red de corrupción detrás del huachicol fiscal.
La legisladora panista no se guardó nada: afirmó que resulta “ofender la inteligencia de los mexicanos” que Ruffo sea el único encarcelado por este esquema, cuando ni siquiera ocupaba un cargo público en el momento de los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR). Según López Rabadán, el contrabando de combustibles no puede operar sin la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales, quienes “se están haciendo multimillonarios” mientras el Estado pierde recursos que deberían destinarse a servicios públicos como escuelas, hospitales y seguridad.
En sus palabras, las investigaciones deberían enfocarse en quienes “firman, autorizan y permiten el huachicol”, no en el primer gobernador de oposición en la historia de México. “Hay grandes reclamos en nuestro país y no es metiendo a un preso político a la cárcel como se van a solucionar esos problemas”, sentenció. Para ella, la detención de Ruffo es “una cortina de humo y una afrenta a la democracia”.
Por su parte, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, también acusó a la administración de Claudia Sheinbaum de emprender una “cacería de brujas” contra la oposición y pidió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, solicite licencia para facilitar las investigaciones sobre el presunto contrabando.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum rechazó este lunes cualquier aplicación selectiva de la justicia y aseguró que la detención de Ruffo responde exclusivamente a las pesquisas de la FGR por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando motivaciones políticas.
Este choque de versiones no es nuevo, pero sí revela la tensión entre un gobierno federal que insiste en mostrar resultados en la lucha contra la corrupción y una oposición que denuncia persecución política. Mientras tanto, la discusión sobre quién realmente está detrás del huachicol fiscal sigue abierta, y con ella, la pregunta de si la justicia se aplica con imparcialidad o con intereses políticos.
