La noche del pasado viernes, una familia denunció que su hija de 6 años, quien había ingresado a una cirugía menor, fue entregada sin vida en la clínica “La Sagrada Familia” de San Pedro Cholula. La acusación principal fue negligencia médica.
No fue sino hasta este lunes 20 de julio de 2026 que la Secretaría de Salud del estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), decidió suspender temporalmente tres áreas clave de la clínica: el área quirúrgica, la de internamiento y la sala de partos.
Además, se aseguró el medicamento como parte de las acciones preventivas para eliminar cualquier riesgo sanitario.
Este caso ha generado alarma e indignación, especialmente porque recuerda otro episodio reciente: en mayo pasado, Blanca Adriana murió por mala praxis en la clínica Detox de Calzada Zavaleta, donde una doctora falsificó sus documentos.
La demora de tres días para actuar pone en evidencia la necesidad de un control más riguroso y eficiente en las clínicas privadas, que deben garantizar la seguridad y la vida de sus pacientes. En un país donde la salud pública enfrenta retos, la responsabilidad de la iniciativa privada es aún más crucial.
Mientras tanto, proyectos como el cablebús en Puebla, que buscan mejorar la movilidad y el acceso a servicios, muestran que la inversión en infraestructura puede ser un camino para evitar tragedias derivadas de la falta de acceso oportuno a atención médica de calidad. Porque, al final, la salud y la seguridad no deberían ser un lujo ni una lotería.
