La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, mejor conocido como Paco Pachangas, profesor con más de 30 años en la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, acusado de abuso sexual calificado contra alumnos adolescentes.
La carpeta de investigación CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024 detalla que los presuntos abusos ocurrieron en distintos momentos, tanto dentro como fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista. El docente no solo impartía clases, sino que también acompañaba a estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía un contacto cercano y fuera del plantel bajo el argumento de apoyo y orientación.
Uno de los casos más documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un alumno de 16 años fue trasladado desde el campus en la colonia Condesa a una de las Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles usados como espacios recreativos por la congregación. Según la declaración ministerial, el traslado se hizo en vehículo particular y, al llegar, el profesor mostró las instalaciones antes de llevar al estudiante a una habitación donde ocurrieron actos de carácter sexual.
Tras el incidente, el alumno regresó al plantel con el profesor, quien incluso hizo comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones, un dato que forma parte de la investigación. Además, el expediente señala que el docente mantuvo contacto posterior con el alumno vía electrónica, y otros estudiantes reportaron conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.
La denuncia sostiene que este no fue un caso aislado. Con el tiempo, otros exalumnos compartieron experiencias similares, lo que amplía el alcance de la investigación. Testimonios indican que los rumores sobre el comportamiento del profesor circulaban entre distintas generaciones, aunque no se activaron medidas inmediatas por parte de la institución.
Algunos alumnos buscaron apoyo dentro de la escuela tras conocer o vivir situaciones relacionadas con el docente. Sin embargo, los denunciantes consideran que las acciones tomadas por directivos y responsables de atención estudiantil fueron insuficientes.
La Fiscalía deberá esclarecer qué información tenían las autoridades escolares y qué medidas implementaron tras recibir los reportes. Hasta ahora, no hay una determinación judicial sobre la posible responsabilidad institucional.
Este caso pone en evidencia la importancia de que las instituciones educativas actúen con firmeza y transparencia ante denuncias graves, para proteger la integridad de los estudiantes y evitar que figuras con poder y confianza abusen de su posición. Mientras tanto, la justicia sigue su curso para dar respuesta a las víctimas.
