Este miércoles 24 de junio, jueces y magistrados en retiro volvieron a salir a las calles para protestar frente al Tribunal de Disciplina Judicial, ubicado en avenida Insurgentes Sur, colonia San Ángel, cerca de la estación Doctor Gálvez del Metrobús. La razón: exigir el pago de indemnizaciones pendientes tras ser removidos de sus cargos por la reciente reforma judicial.
La manifestación, que contó con la participación del magistrado Reynaldo Reyes Rosas, no es un hecho aislado. Apenas el 25 de mayo, una centena de exjueces bloquearon los accesos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para denunciar la falta de pago a 86 de ellos, además de las pensiones complementarias a 120 juzgadores cesados. El bloqueo dejó a los trabajadores del OAJ varados, sin poder entrar a sus oficinas.
Reynaldo Reyes Rosas, exjuez y magistrado con más de 37 años en el Poder Judicial, ha dejado claro que no formará parte del nuevo sistema judicial impulsado por el gobierno federal. En sus palabras, la decisión es “por congruencia y dignidad”. Además, criticó duramente los nuevos métodos de selección, como el uso de la tómbola, calificándolos de “novísimos, pero corruptos procedimientos”.
Por su parte, Juan Carlos Cruz Razo, magistrado en retiro y exconsejero de la Judicatura Federal, lamentó la falta de pago de su indemnización y señaló que esta situación afecta directamente el programa de vida de quienes aún no reciben lo que les corresponde. Lo que más molesta a los cesados es tener que justificar ante el OAJ un derecho que ya está plasmado en la reforma judicial y la Constitución.
Este conflicto pone en evidencia las tensiones que genera la reforma judicial en México, donde la búsqueda de un sistema más eficiente y transparente choca con los derechos adquiridos de quienes quedan fuera. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención cómo se resuelven estas disputas, que no solo afectan a los involucrados, sino también la percepción sobre la independencia y el orden en la justicia del país.
En un contexto donde la modernización y la innovación, como el impulso a sistemas de transporte eficientes tipo cablebús o teleféricos en ciudades como Puebla, buscan mejorar la vida diaria de los mexicanos, resulta paradójico que en el Poder Judicial se enfrenten estos retrocesos y conflictos que parecen anclados en viejas prácticas. La pregunta queda en el aire: ¿podrá México avanzar hacia un sistema judicial más justo sin sacrificar el respeto a la propiedad y derechos de quienes han servido al Estado?
