El contrato por 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari por la Dirección de Convenciones y Parques de Puebla sigue generando ruido, y no precisamente por la calidad del contenido promocional. Michelle Talavera, titular del organismo, admitió que Lazzari fue su novio, pero negó que eso haya influido en la adjudicación del contrato.
Según Talavera, la relación sentimental había terminado cuando se firmó el acuerdo, por lo que no habría conflicto de interés. Sin embargo, la funcionaria se negó a revelar quiénes más participaron en la estrategia digital que, según ella, involucró a varios influencers para aumentar el alcance en redes sociales y la afluencia a los parques.
Este silencio ha encendido las críticas. Sectores ciudadanos y políticos exigen transparencia total: quieren saber quiénes fueron los beneficiarios, cuántos contenidos produjo cada uno y cuánto dinero recibió cada participante. La opacidad en el manejo de recursos públicos no ayuda a disipar dudas, sobre todo cuando una investigación periodística documentó que Lazzari publicó seis videos y que el costo del contrato podría representar un sobreprecio respecto a sus tarifas habituales.
Convenciones y Parques defiende que el contrato no fue solo para videos, sino para coordinar una estrategia digital más amplia. Y aunque hasta ahora ninguna autoridad fiscalizadora ha señalado irregularidades o conflicto de interés, el caso sigue siendo un recordatorio de que la transparencia debe ser la regla, no la excepción, cuando se trata de dinero público.
En un contexto donde Puebla apuesta por proyectos de movilidad como el cablebús, que buscan modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida, resulta aún más importante que las instituciones públicas rindan cuentas claras. Porque si queremos avanzar, no basta con buenas ideas: también necesitamos confianza en quienes las ejecutan.
