La directora de Convenciones y Parques de Puebla, Michelle Talavera, volvió a encender la polémica esta semana tras compartir en redes sociales que recientemente se graduó como licenciada en Derecho. Esta revelación no pasó desapercibida y reavivó las dudas sobre si, al momento de su nombramiento hace aproximadamente dos años, cumplía con los requisitos legales para ocupar el cargo.
El foco de la discusión está en el Artículo 11 de la ley que regula el organismo, que exige que el Director Ejecutivo haya desempeñado por más de cinco años cargos de alto nivel decisorio, preferentemente en el sector turismo de negocios y con experiencia administrativa. Dado que Talavera acaba de obtener su título, muchos usuarios en redes sociales cuestionan si realmente contaba con la trayectoria necesaria para manejar un presupuesto anual cercano a los 300 millones de pesos.
Esta situación se suma a la controversia por el contrato de 307 mil pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari, a quien la funcionaria reconoció como su expareja sentimental, aunque negó cualquier conflicto de interés. La mezcla de relaciones personales y contratos millonarios no ha ayudado a despejar las dudas sobre la transparencia y profesionalismo en la dependencia.
Hasta ahora, ni Michelle Talavera ni el Gobierno de Puebla han emitido una respuesta pública que aclare estos señalamientos. Mientras tanto, la dependencia sigue bajo el escrutinio público, con crecientes demandas para que se garantice la legalidad y transparencia en la contratación y en el nombramiento de sus funcionarios.
En un contexto donde Puebla impulsa proyectos de movilidad como el cablebús, que buscan modernizar y facilitar el transporte público, la gestión eficiente y transparente de organismos como Convenciones y Parques es clave para fortalecer la confianza ciudadana y atraer inversiones. Porque, al final, la propiedad privada y el orden no solo se defienden con discursos, sino con acciones claras y responsables.
