A tres días de la muerte de Margarita, de 53 años, aplastada por un árbol que cayó sobre el Kia en el que viajaba durante la tromba del pasado 28 de junio en la Calzada Zavaleta, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por José Chedraui Budib, no ha establecido contacto con sus familiares ni contempla otorgar indemnización alguna.
La víctima dejó en la orfandad a tres menores, pero hasta ahora la Secretaría de Medio Ambiente municipal, a través de su titular José Iván Herrera Villagómez, ha reconocido que no ha habido acercamiento con la familia desde el accidente.
¿Por qué no habrá indemnización? Según el funcionario, la valoración técnica indica que el árbol no estaba catalogado como ejemplar de riesgo ni existía dictamen que recomendara su retiro preventivo. Además, el árbol no mostraba condiciones visibles que obligaran a retirarlo por representar un peligro para peatones o automovilistas.
En resumen: sin evidencia técnica que responsabilice al Ayuntamiento, no hay base para compensar a la familia.
Mientras tanto, la incertidumbre también afecta a comerciantes del cruce del bulevar 5 de Mayo y la 2 Poniente, quienes reportaron pérdidas de mercancía tras las inundaciones del mismo domingo 28 de junio. Algunos restaurantes permanecen cerrados por labores de limpieza, y la Secretaría de Economía y Turismo municipal no ha anunciado ningún programa de apoyo para estos negocios.
La tromba del 28 de junio no solo dejó esta tragedia en Calzada Zavaleta. También provocó la caída de otros dos árboles: uno sobre la carretera Puebla-Tlaxcala, cerca de la estación de Bomberos, y otro en San Martín Texmelucan, donde una vivienda sufrió daños considerables.
Este episodio pone en evidencia la necesidad de un sistema de transporte y movilidad más seguro y eficiente en Puebla. Mientras el Ayuntamiento se resiste a asumir responsabilidades, proyectos como el cablebús o teleférico podrían ofrecer alternativas para evitar que las calles se conviertan en zonas de riesgo ante fenómenos naturales.
Porque, al final, la seguridad y el orden no solo dependen de la poda o el retiro de árboles, sino de una infraestructura que proteja a los ciudadanos y sus bienes. Y eso, por ahora, sigue siendo un pendiente en Puebla.
