El miércoles 8 de julio de 2026, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, ex regidor de Morena y ex asesor legislativo, fue arrestado en la colonia La Venada, Guanajuato, tras ser acusado de agredir físicamente a su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán, quien actualmente es regidora en el mismo ayuntamiento.
La Secretaría de Seguridad municipal detalló que el reporte llegó cuando un menor de edad gritó que su papá estaba golpeando a su mamá dentro de un vehículo. Al llegar, los oficiales encontraron a Aguayo Arredondo en actitud agresiva, incluso intentando agredir a los policías, por lo que fue asegurado. Por su parte, la regidora Valadez indicó que no requería atención médica. Tanto ella como el menor fueron canalizados al área de trabajo social y posteriormente al Ministerio Público.
Este episodio no es el primer capítulo polémico en la vida pública de Aguayo Arredondo. En marzo de 2025, el Congreso de Guanajuato emitió un exhorto al Instituto Nacional Electoral para revisar su candidatura a magistrado, debido a que fue juzgado por un fraude de 237 mil pesos en perjuicio del Poder Legislativo.
Durante la legislatura 2015-2018, cuando fue asesor del primer diputado morenista en Guanajuato, Alejandro Landeros, Aguayo Arredondo se vio involucrado en un esquema de corrupción que incluía la creación de empresas fantasma y la emisión de facturas falsas para desviar recursos públicos. Diputados del PAN denunciaron que incluso intentó sobornar al Congreso local con 50 mil pesos para silenciar el caso, oferta que fue rechazada.
El juicio concluyó el 16 de marzo de 2022 con un acuerdo reparatorio en el que Aguayo se comprometió a devolver 273 mil pesos en cuatro pagos.
Este nuevo incidente pone en evidencia la falta de responsabilidad y respeto hacia la ley y la familia de un personaje que, a pesar de su historial, ha mantenido presencia en la política local. Mientras tanto, la regidora Valadez continúa en funciones, enfrentando una situación personal que, sin duda, impacta también en la percepción pública de Morena en Guanajuato.
En un contexto donde la seguridad y el orden son prioridades para los ciudadanos, casos como este refuerzan la necesidad de una política transparente y de funcionarios que respeten tanto la ley como los valores familiares.
