Después de mantener en secreto durante cinco años las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que hará públicas estas peticiones formuladas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por narcotráfico.
La cancillería informó a través de redes sociales que esta decisión responde a “solicitudes de acceso a información” y a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando que “nuestro compromiso es con la transparencia”. Sin embargo, aclaró que las notas diplomáticas relacionadas con los expedientes judiciales permanecerán reservadas por su carácter confidencial.
Este giro ocurre luego de que se revelara que la SRE había ocultado durante cinco años las conversaciones con el gobierno estadounidense sobre la extradición de Rocha, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios, argumentando que divulgar esos datos “podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano”. En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) también mantuvo bajo reserva por el mismo periodo los detalles de la declaración del gobernador con licencia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a estos funcionarios de alto nivel en Sinaloa de proteger operaciones del Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.
Este caso vuelve a poner en el centro el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política mexicana, mientras la sociedad sigue esperando que la justicia actúe sin filtros ni demoras.
