La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acaba de publicar su Recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas que pone en jaque una de las hipótesis más difundidas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: la participación directa del Ejército. Según este organismo, no hay pruebas suficientes para sostener que los militares fueron los responsables de la desaparición forzada masiva ni que se trató de una operación de represión política contra los estudiantes.
Esta nueva postura, dada a conocer este lunes 13 de julio de 2026, cuestiona la narrativa que durante años ha marcado la investigación y que, según la CNDH, terminó debilitando la persecución contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos, quienes sí aparecen como actores clave en los hechos.
El organismo señala que, a pesar de una exhaustiva investigación, no pudo acreditar la participación directa de ningún elemento del Ejército en los actos de violencia ni en la desaparición original de los estudiantes. “Mucho menos como ha quedado dicho, la existencia de un plan específicamente diseñado para hostigar y eliminar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, puntualiza la recomendación.
Sin embargo, la CNDH no cierra la puerta a posibles complicidades individuales de mandos militares con Guerreros Unidos. De hecho, destaca que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía, hasta septiembre de 2025, investigaciones en curso contra cuatro integrantes del Ejército por delincuencia organizada, y procesos contra 17 elementos por delitos que incluyen desaparición forzada y homicidio calificado.
Lo curioso es que las acusaciones contra militares se basan principalmente en testimonios de testigos protegidos, quienes además fueron miembros del grupo criminal, y en conversaciones extraídas de celulares que han sido cuestionadas y en algunos casos invalidadas por diversos actores.
Por otro lado, la CNDH confirma que policías municipales de Iguala y Huitzuco sí agredieron a los normalistas el día de los hechos, sometiéndolos y esposándolos, mientras que la Policía Estatal y la Policía Federal dispararon en varios puntos del recorrido de los autobuses.
En cuanto a quién ordenó la desaparición, la recomendación apunta a dirigentes de Guerreros Unidos en colusión con autoridades locales. Incluso cita un mensaje entre dos mujeres, Yaza y Karen, donde se menciona que un hombre “muy enojado” habría ordenado “recuperar su mercancía y eliminar a todos a discreción”.
Este nuevo enfoque de la CNDH no solo reconfigura la narrativa oficial, sino que también pone en evidencia la complejidad del caso y la importancia de no simplificar responsabilidades. Mientras tanto, la sociedad sigue esperando justicia para los 43 estudiantes desaparecidos, sin que la sombra del Ejército sea la única protagonista en esta historia.
