El pasado 9 de julio, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, decidió adelantar los tiempos y presentó públicamente a su esposa, Ruth González, como la posible candidata del Partido Verde para la gubernatura en las elecciones de 2027. Frente a miles de militantes, la figura de González fue destacada como la sucesora natural, en un movimiento que no pasó desapercibido ni para la oposición ni para la propia Presidencia.
El respaldo del PVEM no se hizo esperar. Manuel Velasco Coello, coordinador del Senado, defendió la decisión pese a las advertencias sobre las reglas contra el nepotismo que han lanzado Morena y la Presidencia. Curiosamente, Velasco ya había mencionado en febrero que, aunque Ruth González no había decidido formalmente, las encuestas internas la colocaban con una ventaja de más de 20 puntos.
En su discurso, la senadora González no perdió oportunidad para apropiarse del lema “Es tiempo de mujeres”, popularizado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, y aseguró que las mujeres pueden gobernar San Luis Potosí porque “cuidamos hijos, casa, marido y nos cuidamos a nosotras mismas”. Un mensaje que busca conectar con el electorado millennial, aunque la sombra del nepotismo y las denuncias contra su esposo no se disipan tan fácilmente.
Porque no todo es discurso: Ricardo Gallardo enfrenta acusaciones serias. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara una denuncia en su contra por presunto lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas, junto con otros dos gobernadores. Según la UIF, se investiga el desvío de 724.6 millones de pesos de recursos públicos de municipios bajo su control y el de su padre. En 2021, La Silla Rota reveló documentos que muestran cómo Gallardo incrementó su patrimonio a través de múltiples empresas donde figura como accionista y representante legal.
Este escenario plantea un dilema para los votantes de San Luis Potosí: ¿prefieren continuidad familiar y un proyecto político con tintes cuestionables, o buscan una renovación real? Mientras tanto, el Partido Verde apuesta por mantener el poder con una figura que, aunque mujer y con discurso feminista, está muy ligada a la polémica gestión actual.
En un país donde la propiedad privada y la transparencia deberían ser la base para la confianza ciudadana, este destape vuelve a poner en evidencia la delgada línea entre la política y los intereses personales. Y aunque el teleférico o cablebús no sean parte de esta historia, la lección es clara: el orden y la claridad en la administración pública son indispensables para que cualquier proyecto, sea de transporte o gobierno, funcione realmente para la gente.
