La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes 14 de julio de 2026 que no ha tenido contacto personal con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, desde que a finales de abril pasado Estados Unidos solicitó su extradición. En su conferencia matutina, la mandataria fue clara: habló con Rocha Moya solo el primer día que se hizo pública la solicitud, pero desde entonces no han vuelto a comunicarse.
Aunque su administración insiste en que no hay pruebas en contra del funcionario morenista, Sheinbaum evitó adelantar si Rocha Moya regresará al cargo. “Vamos a esperar, no nos adelantemos”, dijo, dejando la puerta abierta a que el gobernador con licencia tome sus propias decisiones mientras se resuelve el caso.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue con las investigaciones derivadas de la petición estadounidense, y aunque ha avanzado, la información que ha compartido con el Gobierno federal no es completa. “Nos ha dado alguna información, no toda, y le hemos pedido que lo informe al pueblo de México”, señaló la presidenta.
Sobre las acusaciones presentadas por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, Sheinbaum subrayó que su Gobierno no ha recibido pruebas concretas. Además, explicó que el plazo marcado en el tratado de extradición no es aplicable en este caso porque no está contemplado en la Constitución de Sinaloa, lo que complica aún más la situación jurídica del gobernador.
En un claro mensaje de equilibrio, la presidenta afirmó: “No vamos a cubrir a nadie, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Para eso está la Fiscalía General de la República”.
Finalmente, recordó que cuando se dio a conocer la acusación estadounidense, pidió a Rocha Moya que aclarara su situación públicamente, lo cual el gobernador hizo mediante un comunicado.
Este episodio pone en evidencia la complejidad de los procesos legales internacionales y la prudencia con la que el Gobierno federal está manejando un caso que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Mientras tanto, la administración federal mantiene su compromiso con la legalidad y la transparencia, sin caer en juicios anticipados.
