El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, no tuvo problema en reconocer este lunes que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado la entrega de vehículos asegurados por denuncias de robo para que sean usados por autoridades municipales. Sí, esos mismos autos que deberían estar bajo custodia o en proceso legal, pero que ahora, tras años de abandono y una manita de gato por parte de los ayuntamientos, circulan como transporte oficial.
La polémica estalló el fin de semana cuando un usuario en redes sociales rastreó un automóvil que había sido retenido semanas atrás por la Agencia Estatal de Investigaciones. El vehículo, antes taxi foráneo, apareció con modificaciones en la carrocería y en manos de un comisionado municipal. Aunque los agentes de la fiscalía llegaron al lugar, permitieron que el funcionario se retirara tras mostrar un documento de depositario, lo que generó indignación entre los afectados.
Este no sería un caso aislado, según denuncias ciudadanas que apuntan a un esquema sistemático dentro de la fiscalía para entregar autos asegurados a funcionarios. Por ello, preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscalía General de la República, buscando que se investigue a fondo.
Mientras tanto, la fiscalía local inició procedimientos internos para aclarar las irregularidades, pero el gobernador defendió la práctica argumentando que los municipios no tienen recursos para comprar vehículos nuevos. Según Jara, él ha pedido al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla que gestione estas unidades para apoyar a los ayuntamientos.
El problema aquí no es solo la legalidad o la transparencia, sino el mensaje que se envía sobre el manejo de propiedad privada asegurada y la impunidad con la que se actúa. En un estado donde la confianza en las instituciones ya está por los suelos, este episodio solo añade más leña al fuego. Y aunque el gobierno estatal insiste en que se aprovechan recursos abandonados, la ciudadanía exige claridad y rendición de cuentas.
Por ahora, el caso sigue bajo escrutinio público y podría llegar a instancias federales si se comprueba una red de corrupción en el manejo de estos bienes. Mientras tanto, queda la pregunta: ¿qué tan lejos está Oaxaca de un sistema de transporte público eficiente y transparente, como el que ya se impulsa en otras regiones con proyectos como el cablebús? Porque si algo está claro, es que la solución no pasa por reciclar autos robados para funcionarios.
