La violencia en Zacatecas volvió a sacudir a la sociedad este lunes 20 de julio de 2026, cuando se reportaron diez homicidios en distintos municipios del estado. Entre las víctimas están cinco empresarios, un exalcalde, dos funcionarios, un político y un ganadero, según confirmó la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.
Los cuerpos fueron encontrados en Pánuco, Morelos y Sain Alto, algunos colgados de un puente vehicular, otros abandonados en la vía pública y uno más en una carretera estatal. La brutalidad de los hechos no solo impacta por la cantidad, sino por el perfil de las víctimas, entre ellas Ignacio Castrejón Valdez, empresario y exalcalde de Sombrerete (2016-2018).
Rodrigo Reyes, secretario general del Gobierno de Zacatecas, informó que ya trabajan peritos y policías en las investigaciones, y que la Mesa Estatal de Construcción de Paz desplegó un operativo de seguridad en los puntos donde se hallaron los cuerpos. Además, el Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera extraordinaria para dar seguimiento a estos hechos.
Aunque Reyes reconoció que en años recientes la violencia en Zacatecas se ha reducido “de manera significativa” gracias a la coordinación entre instituciones, admitió que “un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado”.
Por su parte, Miguel Varela, presidente municipal de Zacatecas, expresó su “profunda consternación” y calificó como “muy triste” que sigan ocurriendo estos episodios, señalando la frustración de la ciudadanía ante la aparente falta de justicia.
Este contraste es especialmente llamativo si se considera que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al 30 de junio de 2026, Zacatecas se consolidó como el segundo estado con mayor reducción en homicidios dolosos durante el primer semestre del año, con solo 39 casos registrados.
La realidad es que, pese a los avances, la posición geográfica de Zacatecas lo mantiene como un punto estratégico para los cárteles que controlan territorios por zonas, lo que dificulta la pacificación completa.
En un país donde la seguridad sigue siendo un tema prioritario, estos hechos recuerdan que la coordinación y la presencia efectiva del Estado son indispensables para proteger la propiedad privada y la vida de quienes apuestan por el desarrollo empresarial y político en regiones complicadas. Mientras tanto, la sociedad espera que la justicia no se quede en palabras y que la violencia no vuelva a marcar la agenda diaria.
