La madrugada del viernes pasado en Mérida, las autoridades federales detuvieron a Justo Aurelio Rivera Parrazales, un empresario con contratos vigentes con el gobierno de Chiapas desde la administración de Rutilio Escandón. Lo que parecía un personaje más del entramado político se reveló como un operador financiero del Cártel del Noreste, según el Gabinete de Seguridad.
Rivera Parrazales, quien ha sido vinculado en columnas periodísticas con figuras como Amílcar Olán —líder de “El Clan” y supuesto brazo derecho de Escandón— y con el morenista Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, no es un simple empresario local. Su nombre apareció en redes y medios el año pasado, cuando se reportó erróneamente su muerte en un Lamborghini verde en Querétaro, junto a “El Changuito” Méndez. La realidad es que sigue vivo y ahora bajo custodia.
Durante los cuatro cateos realizados en Mérida, las autoridades incautaron 14 vehículos de lujo y otros bienes valuados en más de 145 millones de pesos. Un arsenal de autos que no encaja con la imagen de un empresario común, sino con la de alguien que mueve grandes sumas de dinero en la sombra.
En el registro oficial de la Secretaría de Economía, Rivera Parrazales figura como representante de cuatro empresas: Industrias Médicas Chiapanecas, Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral, Inmedicen y Servimedic del Sureste. Industrias Médicas Chiapanecas, por ejemplo, mantiene contratos activos con el gobierno chiapaneco, como uno firmado en julio del año pasado con la Secretaría de Seguridad para capacitar a reclusos en tareas de reinserción social, y otro en octubre con la Universidad Politécnica de Chiapas.
Este caso pone en evidencia cómo la línea entre la empresa privada y las redes criminales puede ser más difusa de lo que parece, especialmente cuando hay contratos públicos de por medio. Mientras tanto, la detención de Rivera Parrazales abre la puerta para que las autoridades revisen con lupa la relación entre actores políticos y operadores financieros de grupos delictivos.
En un país donde la propiedad privada y el orden deberían ser pilares, resulta indispensable que la justicia actúe con firmeza y transparencia. Y aunque el gobierno local de Chiapas ha impulsado proyectos de infraestructura y desarrollo, como el cablebús en Puebla, que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida sin caer en excesos estatales, casos como este recuerdan que la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca.
