El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado como el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. La resolución, emitida recientemente, desechó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que la acción penal contra Sánchez Ortega prescribió desde 2015.
El tribunal, integrado por los magistrados Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y Josué Osvaldo Garduño Sánchez, revocó el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por un juez federal en el Estado de México. En su fallo, declararon que la acción penal por homicidio simple intencional quedó extinguida porque el Ministerio Público federal retomó las indagatorias hasta 2021 y ejerció acción penal hasta 2023, mucho después del límite legal para continuar el proceso, que venció el 23 de marzo de 2015.
Además de la prescripción, el tribunal criticó la falta de pruebas contundentes por parte de la FGR para sostener la participación de Sánchez Ortega en el asesinato. Según la sentencia, no se acreditó que él tuviera conocimiento del plan ni que existiera un acuerdo previo con Mario Aburto Martínez, sentenciado por ser el asesino material de Colosio. Tampoco se pudo demostrar que Sánchez Ortega conociera la ubicación del otro tirador ni que hubiera una estrategia coordinada para el ataque.
El tribunal subrayó que, aunque hubo dos disparos desde distintos flancos durante un evento multitudinario en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, esto no prueba por sí solo una conspiración ni sincronización entre los presuntos agresores. La resolución de 44 páginas señala que la FGR no logró acreditar la premeditación ni la alevosía en la participación de Sánchez Ortega, aunque no descarta que pudiera haber intervenido en la privación de la vida de Colosio.
Este caso, que sigue generando controversia tras más de tres décadas, pone en evidencia las dificultades para cerrar capítulos judiciales complejos y la importancia de respetar los plazos legales para la acción penal. Mientras tanto, la liberación de Sánchez Ortega abre un nuevo capítulo en la historia del asesinato que marcó la política mexicana de los 90.
